El texto señala en uno de sus párrafos, que “El Gobernador ha mostrado su aprobación al estudio, que por cierto nada económico y muy costoso que mandó elaborar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y luego, se pregunta: ¿Por qué ese afán de que las políticas públicas en nuestro país, sean marcadas preferencialmente por la ONU y sus dependencias?
Luego, añade que “Veremos cómo se resuelve esta controversia, porque por un lado, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó en noviembre de 2015 la suspensión otorgada en junio de 2014 por un Juez Federal de Jalisco, para evitar que se eleve la cortina de la presa por encima de 80 metros y por otro, el gobernador dijo que no hay más opción que levantarla hasta 105 metros.
Y luego, en este mismo editorial. se cuestiona: ¿Quién tiene más peso jurídico y es acatable por la autoridad estatal? La Arquidiócesis de Guadalajara embistió en este editorial, con otra pregunta: ¿Qué dirá otro organismo de la ONU al respecto?
Por su parte, tratando el mismo tema, en un artículo publicado en este medio informativo y con la misma fecha, la Diócesis de San Juan de los Lagos, en voz de José Luis Aceves, Canónigo de la Catedral y representante de esta Sede, en el Observatorio Ciudadano de la Gestión Integral del Agua de Jalisco y sus Municipios, afirma que “El proyecto de la presa El Zapotillo que construye el municipio de Cañadas de Obregón, que inundará las comunidades de Temacapulin, Acasico y Palmarejo, supuestamente para dar agua potable a la zona urbana de León y al área conurbada de Guadalajara, atenta contra los Derechos Humanos de la población de la Región de Los Altos, de Jalisco.
Asimismo, arremetió contra el trabajo de la UNOPS, donde afirmó que es desconocido por los integrantes del Observatorio Ciudadano, porque no se avisó de sus conclusiones con antelación y oportunidad y aclaró, que “Un día antes a las nueve y media de la noche, se citó al Observatorio y a otras personas, por lo que se considera que aún, puede haber diálogo para una decisión sensata”.
Ponderó finalmente que “La gente de la ONU viene a hablar de la gobernanza, de la acción y reacción de la gente, pero desde el momento en el que se despoja de sus tierras, casas, no se le indemniza, porque no hay otra oferta y perjudican a Los Altos, quitando el agua y esto, es un atentado contra los derechos humanos”.
Cabe recordar que el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco y sus Municipios, es una herramienta fundamental para tomar decisiones incluyentes y democráticas con respecto al tema del agua. También, tiene el propósito de lograr acuerdos, tomar decisiones y llegar a soluciones en beneficio de las cinco regiones de la entidad, a largo plazo.
