Además, en lo relativo al Código Civil, el Juez de Control podrá suspender la patria potestad y la custodia al agresor y no podrá cuidarlo ni tenerlo en su casa, dijo la Diputada Rocío Corona Nakamura, luego de la votación de ambas reformas, como autora de la iniciativa y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.

La legislación local plantea una sanción de hasta 70 años de prisión a quien cometa feminicidio. Sin embargo, habían quedado de lado las segundas víctimas: los niños y adolescentes que perdían a su madre. En la mayoría de los casos quedan desamparados familiar y económicamente. De ahí la importancia de que las dependencias públicas protagonicen una atención para ellos, que trascienda en la sociedad para que las modificaciones a dichas legislaciones tengan el mejor resultado, consagrándose el interés superior por la niñez.

Explicó la legisladora Corona Nakamura que el Instituto Jalisciense de las Mujeres informa que el 80 por ciento de los feminicidas están prófugos de la justicia, por lo que es una zozobra constante la que tienen los abuelitos y abuelitas, que son finalmente quienes protegen o resguardan a los menores. Con las modificaciones legislativas, se les dan herramientas para que el Juez de Control haga lo propio con un acuerdo judicial y suspenda la patria potestad a los padres.

De septiembre de 2012 a junio de 2017, el número de feminicidios registrados es de 175, los hijos en orfandad 122, y de éstos han recibido apoyo económico 82, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado. Igualmente mencionó que el Instituto Municipal de la Mujeres de Guadalajara reportó que en el mes de enero pasado se registraron 17 asesinatos de mujeres, y sólo se abrieron dos carpetas de investigación, no obstante que la capital del Estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional en delitos de feminicidios.

Justicia administrativa

Por otra parte, se aprobaron reformas a la Ley de Justicia Administrativa, presentadas por los diputados Hugo Rodríguez Díaz y Rocío Corona, con el objeto de que cuando se presente un asunto al Tribunal Administrativo y luego de analizarlo se determina que no es de su competencia, no sea desechado, sino turnado a la autoridad o instancia que corresponda. Asimismo, que con motivo de los cambios que se llevan a cabo para el Sistema Estatal Anticorrupción, se denomine Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que serán nombrados próximamente tres magistrados.

Desaparición de órganos estatales

En la Sesión Ordinaria, se pasaron de primera a segunda lectura, para su aprobación, los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, con motivo de la iniciativa del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, a fin de que se abrogue el decreto 15816 y se extinga el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Estudios del Federalismo, debido a que la Secretaría General de Gobierno cuenta con la Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales, que atiende los asuntos relativos la investigación y estudio de los principios constitucionales que dan sustento al orden jurídico nacional, entre los que encuentra el Federalismo como sistema de organización política.

Igualmente, el decreto que abroga la Ley de Valuación del Estado de Jalisco y extingue la Comisión de Valuación, y el mismo caso para el Organismo Público Descentralizado Consejo Estatal para el Desarrollo Turístico y la extinción del Consejo Forestal y de la Fauna, también por ser innecesarios.

Sesión extraordinaria

Por otra parte, se reanudó la sesión extraordinaria 128 del Pleno, en la que se reitera el informe de la Comisión de Justicia, en el sentido de la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria del juicio de amparo 2882/2015, tramitado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativas y del Trabajo del Estado de Jalisco, al haberse reasumido la competencia por la Segunda Sala y Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto se fijen instrucciones claras y precisas al respecto, así como se resuelva la controversia constitucional presentada. Todo lo anterior, con motivo del nombramiento, por el Congreso, del Magistrado Antonio Flores Allende y la inconformidad del ciudadano Nicolás Alvarado Ramírez.

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