Como antecedente a esta Recomendación general, la CEDHJ documentó que se han recibido quejas en las que se evidenciaron violaciones de los derechos de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la protección de la salud en agravio de las personas con discapacidad. Se advirtió que las personas con discapacidad en el estado sufren de continuas violaciones de sus derechos humanos, lo que se traduce en discriminación, marginación y abandono, sobre todo en el tema de salud.
De manera reiterada se han realizado diversas peticiones a las autoridades competentes, relativas al inicio de investigaciones y procedimientos en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos de las personas con discapacidad; la reparación del daño a las víctimas de esas violaciones, así como la capacitación, sensibilización y concientización de diversas autoridades en materia de cultura y respeto de derechos humanos de las personas con discapacidad; se ha solicitado como política pública la creación de protocolos de atención para casos que involucren a personas con discapacidad, con la finalidad de eliminar obstáculos y barreras que impidan o limiten el goce y ejercicio de los derechos humanos de ese grupo de la sociedad.
Entre las problemáticas detectadas resaltan la falta de herramientas de accesibilidad, de promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, de programas especializados, así como una base de datos referentes a apoyos y contabilidad de las personas con discapacidad.
En 2014, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, en la que se dio a conocer que la población de Jalisco ascendía a 7 857 979 personas, de las cuales 584 816 tienen alguna discapacidad; de ese total, 321 075 son mujeres y 263 741 son hombres. Por otra parte, en la publicación que realiza sobre La Discapacidad en México, datos al 2014, reveló que en ese año la población con discapacidad residente en el país, prácticamente se concentraba en siete estados y Jalisco se ubicó en segundo lugar después de la Ciudad de México, con el 8.1 por ciento de personas con discapacidad.
La Organización Mundial de la Salud publicó en 2011, El Informe Mundial sobre la Discapacidad, en el que señala como los principales obstáculos de las personas con discapacidad a las políticas y normas insuficientes, actitudes negativas al considerar que son menos productivas así como el desconocimiento de los ajustes disponibles.
Lo anterior, genera problemas con la prestación de servicios públicos y la insuficiencia de recursos asignados en los presupuestos, lo que se traduce en la insostenibilidad de los servicios.
Para tratar de revertir esta situación, esta Comisión constituyó el Mecanismo Estatal de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre sus ejes contempla la creación de un Observatorio Ciudadano integrado por organismos de la sociedad civil, académicos y consejeros ciudadanos de este organismo defensor, que coadyuvan en la generación de directrices encaminadas al cumplimiento de los fines del mecanismo.
