La legisladora local expuso que es necesario centrarse en dos líneas de solución; el primero es el establecer atribuciones al Instituto de Movilidad como ente regulador, el cual participe en el diseño, evaluación, definición de sanciones y modelos con los cuales se garantice a los jaliscienses un transporte público de calidad.

Además, como segundo punto se deberán incluir Matrices de Indicadores de Resultados para que la ciudadanía pueda evaluar el servicio de las rutas, tarifas, tiempos, recorridos, seguridad, y se darán bonificaciones a los ciudadanos cuando exista un mal servicio o mal trato de los choferes.

La Diputada Almeida López, aseguró que esta ley no tiene como objetivo que se sancione a los choferes, sino, buscar un modelo en el que se deje de subsidiar al transporte público y los recursos se destinen de manera correcta para lograr un transporte público de calidad e inclusión para los jaliscienses.

Cabe destacar, que en el presupuesto del Estado de Jalisco del ejercicio fiscal del 2018, existen cuatro programas que inciden en el transporte público, pero estos funcionan de manera aislada y no tienen funciones concretas que realmente abonen a mejorar el transporte público.