Acompañado de diputados federales y locales, de la LXI y electos de la LXII legislaturas del Estado, principalmente de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, el Diputado Caro Cabrera dijo que hoy se da un paso firme en la refundación de las instituciones y políticas públicas, y en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de 2019 se verá reflejado este propósito, para que no haya más excesos y se ajusten los salarios, esperándose que los demás poderes hagan lo mismo, para terminar con los privilegios. En el presídium estuvieron también los diputados federales Juan Francisco Ramírez Salcido, de MC, y local Gerardo Quirino Velázquez Chávez, del PRD.

El Diputado Valencia López manifestó que existe indignación social por la diferenciación salarial entre los altos funcionarios y el resto de los ciudadanos, y que en mayo de 2016 se reformó el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para adecuarla a la Constitución Federal y especificar que ningún funcionario podrá percibir remuneración mayor a la que gane el Gobernador. Actualmente los magistrados del Supremo Tribunal, consejeros de la Judicatura, magistrados del Tribunal Electoral y Tribunal de Justicia Administrativa, tienen ingresos netos superiores. Sin respetar la norma constitucional mantuvieron sus ingresos desproporcionados y los nuevos nombramientos en dicho Poder después de la reforma, también cuentan con salarios mayores.

La propuesta de nueva Ley será presentada en la próxima sesión ordinaria del Congreso, y se basa en el decreto que contiene el proyecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Senado en septiembre pasado.

Ningún servidor público percibirá remuneración igual o mayor que la aprobada para su superior jerárquico inmediato, en todos los organismos municipales y del Estado. Las remuneraciones brutas serán determinadas en los respectivos presupuestos de egresos, estatal y municipales.

Las conductas que impliquen el incumplimiento de la norma serán perseguidas y sancionadas. Cualquier persona podrá formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes públicos. La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar procedimientos para fincar responsabilidad administrativa, así como imponer las sanciones y presentar denuncias de hechos ante el Ministerio Publico o de juicio político.

Las sanciones administrativas se impondrán conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado, y siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública. Se puede alcanzar la suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.

Se establece un nuevo delito, por pago o recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos. El funcionario que apruebe o refrende el pago o reciba sin reportarlo dentro de los 20 días de haberlo autorizado o recibido, se le impondrán penas conforme al beneficio indebido.

Por ejemplo, si es menor de 500 veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (40 mil 300 pesos), se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la UMA (dos mil 418 a 24 mil 180  pesos).

Si es mayor de 500 y menor a mil veces el valor de la UMA (40 mil 300 a 80 mil 600 pesos), se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la UMA (dos mil 418 a 24 mil 24 mil 180 pesos).

Si es igual a mil veces pero menor a tres mil veces el valor diario de la UMA (80 mil 600 a 241 mil pesos), se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de 300 a mil veces al valor de la UMA (24 mil 180 a 80 mil 600 pesos.

Si es equivalente a tres mil veces el valor diario de la UMA (241 mil 800 pesos), se impondrán de cinco a 14 años de prisión y multa de 500 a tres mil veces al valor diario de la UMA (40 mil 300 a 241 mil 860 pesos).

Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, de seis meses a 14 años.

Por su parte, el Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, respaldó la iniciativa, ya que en los distintos niveles de gobierno debe haber congruencia con estas medidas de austeridad. Los ciudadanos quieren que el dinero que pagan en los impuestos sea utilizado más en los servicios que necesita. Explicó que se han hecho esfuerzos en la administración municipal, a fin de reducir los salarios.

Anteriormente, el sueldo del presidente municipal era de 140 mil pesos, pero ahora sólo recibe 96 mil pesos brutos, es decir 75 mil libres, aunque los regidores de oposición siguen con un salario de 104 mil pesos, y propuso terminar con la simulación, ya que por otro lado se pagan bonos, se les proporcionan choferes, vehículos, seguros e incentivos, por lo que ofreció aplicar las medidas que se tomen en la iniciativa que fue expuesta.