Por Pedro Vargas Avalos
Si bien la corrupción e impunidad, la pobreza, la carestía de la vida, la mejoría educativa y cuestiones como el empleo o las pensiones, son problemas que deben encararse seriamente para que México se enfile a la prosperidad y la justicia social, antes que nada se debe lograr la paz nacional, es decir, que imperen la seguridad pública y el estado de derecho. Porque en tanto nacionalmente, no se respire la tranquilidad y a lo largo y anch odel país, la ley no se cumpla a plenitud, todo lo demás será ilusorio alcanzarlo. Aunque eso sí, tanto una como las otras tareas pueden sostenerse a la par. La gran tarea entonces, es a como dé lugar y sin regateos, esforzarnos los mexicanos, pueblo y gobierno, para cristalizar a la mayor brevedad esas metas prioritarias. En días pasados, culminando una Consulta para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer ocho compromisos de su futuro gobierno para alcanzar la tan anhelada paz. Los comentaremos desde nuestro punto de vista. Inicialmente, manifiesta la necesidad de no tener una política de guerra. En consecuencia, se debe hacer a un lado la infausta estratagema bélica contra los narcos y el crimen organizado, que empeñó el panista Felipe Calderón, la cual desde entonces ensangrentó a la nación entera, dando la impresión a estas alturas, bajo Peña Nieto, que nuestra Patria es territorio de conflagración, debido precisamente a que se desató una violencia creciente que arroja infinidad de muertos, heridos, perjuicios y pérdidas de toda índole. La paz debe garantizarse sin el uso inmoderado de la fuerza del gobierno (o sea, policías aptos y eficaces en los órdenes federal, estatal y municipal), lo que implica que el ejército debe paulatinamente regresar a sus cuarteles. Aunado a lo anterior, se habrán de abatir las causas que generan la inseguridad pública, que se localizan en la ignorancia, la pobreza, la corrupción y la impunidad, fenómenos que agravan por una parte, la insensibilidad oficial, y por otro lado, la enorme brecha entre los pocos que tienen demasiado y los muchos que carecen de lo esencial.
En el vértigo cruento que la república ha padecido en los sexenios pasados, atención especial y eficaz merecen los que han sido víctimas de tan doliente situación. Aquí se inscriben sucesos tan lamentables como por ejemplo, el tristemente célebre caso de Ayotzinapa. También, en este capítulo cabe instrumentar acciones jurídicas que eviten haya presos políticos o de conciencia. No es de despreciar el ofrecimiento del virtual mandatario nacional, de crear un Consejo Nacional para la Paz, porque el proceso indispensable para pacificar integralmente a la nación, debe paso a paso recibir orientaciones idóneas, de forma tal que asegure sus objetivos de conciliación. Para ello también debe incorporarse la coadyuvancia de organismos como la ONU, la OEA, Amnistía Internacional o los de Derechos Humanos. La sociedad está llamada a desempeñar importantísimo papel en esta especie de cruzada para recuperar la paz, vía eficiente para que rija cabalmente el imperio dela ley. En cada una de las anteriores cuestiones, cabe su participación, y a ir sumando esfuerzos comunitariamente o, dentro de nuestro deber ciudadano, en el ámbito de actuación de cada persona, desplegándonos con responsabilidad y honradez. Es pues fundamental, que asumamos una actitud dinámica, tanto crítica como participativa, colectiva o individualmente, para que a la par que cumplamos, exijamos a quien corresponda, que los compromisos y obligaciones, se ejecuten escrupulosamente. Si lo hacemos, tengamos la certeza de que la paz, la ley y enseguida la prosperidad y la justicia social, serán realidades.
