21 de marzo de 2019.- La Muerte Civil a políticos, funcionarios públicos y particulares que cometan actos de corrupción en perjuicio a las finanzas públicas, una de las 35 acciones legislativas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, fue aprobada hoy por el Pleno del Senado de la República.

“A partir de esta reforma, el catálogo de sanciones para servidores públicos, irá desde la suspensión del empleo, cargo o comisión, hasta la inhabilitación permanente”, subrayó Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República.

Con las modificaciones aprobadas a los artículos 78, 81, 84 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el 212 del Código Penal Federal se faculta:

*     Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para imponer como la sanción más severa, la inhabilitación permanente a servidores públicos y a particulares que cometan faltas administrativas graves en perjuicio a las finanzas públicas por un valor de más de mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido en 84.49 pesos.

*         La inhabilitación temporal se establecerá únicamente cuando no se cause daño o perjuicio, ni exista un beneficio o lucro indebido y el monto afectado o de beneficio obtenido sea menor a mil 500 veces el valor de dicha unidad de medida.

“La corrupción en este país tiene que combatirse a partir de reformas de carácter legal e institucional. El reto que enfrentamos para combatir y erradicar la corrupción pasa necesariamente por abatir la impunidad y solo lo vamos a lograr con voluntad política para avanzar en la dirección correcta, con una política sólida y por supuesto, fortaleciendo al actual Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado.

La Muerte Civil es una de las 35 acciones legislativas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también, un compromiso de campaña de los senadores de Jalisco, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo.

La propuesta que presentó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano fue conciliada con otra propuesta similar: el dictamen final fue aprobado primero por las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Primera, y hoy, por el Pleno del Senado.

La corrupción, dijo Clemente Castañeda, no se combate sólo con buenas conciencias, como creen algunos, sino con consecuencias severas que no permitan la impunidad. Para eso sirve la muerte civil, para que políticos y empresas corruptas no vuelvan a estar cerca del servicio público.

Con la Muerte Civil damos herramientas para que las autoridades puedan aplicar sanciones ejemplares y que la corrupción se castigue en serio. Quedará en manos de la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República hacerlas efectivas, puntualizó el senador Clemente Castañeda.